Diego Fernando Ardila Plazas
La Carta Política habla de regiones y de
su creación, pero ello no se ha logrado por falta de voluntad política y por el
temor de que dicha regionalización destruya los “feudos” electorales.
Las diversas problemáticas gestadas a partir de la confrontación entre el principio de autonomía - concretado en las competencias de las entidades territoriales - y el principio de unidad política -acentuado con la actual re-centralización emprendida por el Gobierno Nacional, en este periodo en cabeza de Juan Manuel Santos -, hacen necesaria una reflexión sobre el alcance de dichas competencias y la pertinencia de la creación político-jurídica de las Regiones en Colombia.
Transformar
en realidad jurídica y política, esa realidad histórica, geográfica y cultural
se convierte en un componente sustancial para el logro del desarrollo armónico
de la nación y la [re]configuración del poder político en Colombia; lo anterior hará plausible pensar en la
transición hacia un modelo estatal – más - coherente con la realidad colombiana[1],
en la constitución de un “Estado Regional” en el que converjan las
potencialidades de todo nuestro país.
La cuestión territorial es una tarea pendiente
para la nación colombiana, “probablemente
la más grande frustración constitucional de Colombia en su ya prolongada
existencia republicana sea la de no haber logrado aún darle forma acabada al
Estado en el aspecto de su organización territorial”[2]
. Desde los inicios republicanos, la confrontación entre el centro y las provincias
de nuestro territorio, ha marcado una clara ausencia de unidad política en el
país; dicha unidad no se consiguió con la imposición de la fórmula decimonónica
de “descentralización administrativa y centralización política” propia del
periodo de la regeneración y extendida a lo largo del siglo XX. Como
consecuencia del desarrollo de este modelo centralista, se ha obviado la
participación de lo local, lo provincial y lo regional, en las decisiones de la
nación.
La Constitución de 1991, supuso un cambio
en el modelo centralista que operaba en Colombia desde 1886. El artículo 1° de La Carta
Política del 91, estipuló que: “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales [...]”, pese
a las circunstancias sociales y políticas que suscribieron esta reforma, y los
debates que se dieron al respecto en el seno de la Asamblea Nacional
Constituyente, en la praxis no se ha gestado ningún cambio sustancial en cuanto
a la [re]configuración del poder político y la autonomía de las Entidades
Territoriales.
La Carta Política
habla de regiones y de su creación, pero ello no se ha logrado por falta de
voluntad política y por el temor de que dicha regionalización destruya los
“feudos” electorales. Pese a ello, “[…e]n nuestra conciencia colectiva no
cabe duda sobre el ancestral, poderoso y nunca debilitado regionalismo de los
colombianos. Que Colombia es un país de regiones es algo que nos enseñan desde
la infancia […] Una estructura territorial intermedia debe reflejar
políticamente el hecho regional que tanto nos enorgullece […]”[3].
Ese “Estado Regional”
colombiano, puede signar la oportunidad de reformar el sistema político con el
que contamos y destruir la estructura centralizada del mismo, que nada aporta a
los fines democráticos de nuestro Estado Social de Derecho; lograr una
configuración diferente de este sistema, implica posibilitar que la
ciudadanía deje de ser un actor pasivo dentro de las relaciones
gubernamentales, para pasar a ser la protagonista de las decisiones político
administrativas de nuestro país.
El siglo XXI no puede signar otra época más del
centralismo que ha ahogado a los gobiernos locales, a las provincias y las regiones
y que ha menoscabado la importancia de contar con un auténtico proceso de [re]ordenamiento territorial[4],
que posibilite la democratización del poder político y territorializar la
soberanía.
Si se sigue insistiendo en mantener el modelo
centralista, la nación – de naciones – corre el riesgo de segregarse, pues actualmente
algunos movimientos regionalistas[5]
reclaman hacerse participes de su realidad y de la realidad del país. El
centralismo es un modelo obsoleto para Colombia, que en poco contribuye al
progreso nacional y local y que aleja totalmente a la comunidad del Estado.
El modelo más pertinente de organización
territorial para Colombia, sería el modelo Regional, un modelo que puede
definirse a grandes rasgos, como modelo intermedio entre las expresiones
modernas del centralismo y el federalismo, pero un modelo - como diría el
maestro Flas Borda – a la criolla, es decir, un modelo Regional que responda a
nuestra realidad, sin someter su constitución a las restricciones
institucionales de regímenes foráneos, y sin representar un reflejo del
federalismo de antaño que experimento Colombia en el siglo XIX o el centralismo
que tuvo – y tiene – que soportar durante todo el siglo XX y parte del actual. Ésta
reflexión ya había sido realizada cuando Manuel María Quijano, Senador al
Congreso Admirable de 1830 expresó: “Así como Colombia no se parece en todo
a las demás naciones antiguas y modernas, así también no debe parecerse en todo
a sus formas de gobierno; y por tanto no debe ser éste ni absolutamente central
ni federal: porque Colombia, según sus costumbres, su localidad y la diseminación
de su población participa de caracteres que reclaman una tercera especie de
gobierno, que yo me atrevería a denominar centro-federal.”
Para hacer posible el desarrollo del Estado
Regional en Colombia, es necesaria una reforma constitucional, es decir, es
necesario volver sobre el actual Titulo XI de la Carta política, y por supuesto
sobre la integridad misma de la Constitución. Será el empoderamiento social, el
que permitirá que la realidad nacional fluya por todo el territorio de nuestro
país, y que las realidades locales, provinciales y regionales constituyan el
eje de progreso de Colombia.
Ahora bien, sobre la pregunta: ¿Qué instituciones
existirán?. Cabe decir que los desarrollos doctrinales[6]
nos permiten enunciar algunas de las instituciones que podrían configurarían
este andamiaje, entre estas tenemos: Las Asambleas Regionales, La Universidad
Regional, El Fondo Regional de Compensación y Equilibrio, un reformado Sistema
General de Participaciones, un nuevo Sistema General de Regalías y claramente
una cláusula general de competencias, que será el eje de la regulación en
materia de autonomía administrativa, tributaria y fiscal[7].
La construcción del Estado Regional colombiano,
servirá como medida contra hegemónica del proceso de globalización; de esta
manera, se reforzará el principio de autodeterminación y será plausible
desarrollar modelos para determinar nuestras directrices políticas, económicas,
culturales, ecológicas, etc.
El actual Movimiento por la dignidad y defensa
de Casanare debe servir como mecanismo de apertura hacia lo que podríamos
denominar “Movimiento por la dignidad
del Llano”; los actuales encuentros que han unido a los departamentos de la
Orinoquía en torno a la problemática de la explotación de hidrocarburos, deben
servir como oportunidad para discutir el tema de la regionalización y hacer de
está nutrida realidad llanera, una realidad jurídico política que concluya con
la constitución de la Región de los Llanos Orientales.
[1]Trujillo Muñoz, Augusto.
Descentralización, regionalización y autonomía local. Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, 2001, pp.
101.
[2]HERNÁNDEZ
BECERRA, Augusto. Ordenamiento y desarreglo territorial, ed. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 114.
[3]HERNÁNDEZ
BECERRA, Augusto. Ordenamiento y desarreglo territorial, ed. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 111.
[4]En este sentido ver: BORJA, Miguel. Estado,
Sociedad y Ordenamiento Territorial en Colombia. Bogotá: Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
(IEPRI), 1996; BORJA, Miguel y FALS
BORDA, Orlando. “Guía Práctica del Ordenamiento Territorial en Colombia:
Contribución para la Solución de Conflictos.” Bogotá: Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, 1998; FALS BORDA, Orlando, Guhl Nimtz, Ernesto. La Insurgencia
de las Provincias. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores. Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI), 1988; FALS
BORDA, Orlando “El
Reordenamiento Territorial: Itinerario de una Idea” En: Revista Análisis
Político No. 20. Septiembre-Diciembre, 1993. Bogotá: Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de
Colombia, 1993
[5] Movimiento Colombia: País de
regiones ver prensa
[6]CASTRO, Jaime. La cuestión
territorial, Editorial Oveja Negra, 1ª edición, abril de 2002; Bogotá, D.C;
KATIME ORCASITA, Abraham Antonio. Carta de Navegación del Proceso de
Regionalización en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario, 2006; VIDAL
PERDOMO, Jaime. La Región en la
Organización Territorial del Estado. Centro Editorial Universidad del
Rosario, Bogotá 2001
[7] Ver: ROBLEDO SILVA,
Paula. "Hacia la construcción de un concepto de autonomía territorial
en la constitución Colombiana" en, Revista Derecho del Estado, N°. 18,
Universidad Externado de Colombia 2006, pp. 127
